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Imputan a concejal de Minga Guazú

La fiscal Hermenegilda Cubilla imputó por lesión de confianza al concejal y exconcejero de la Cooperativa Mimbi Ltda. de Minga Guazú, César Eudes Mereles, como así también a varios otros exconsejeros de la institución, quienes habrían desviado un monto aproximado a los G. 100 millones.
Los demás imputados son: Simeón Montiel Leguizamón, presidente del consejo de la cooperativa en el momento en que ocurrieron los hechos investigados; el concejal César Eudes Mereles, vicepresidente; Cristian René Ruiz Díaz, secretario; Mariana Ayala Jacquet, tesorera, y Héctor Emilio Ibarra Céspedes, presidente de la Junta de Vigilancia.
El caso data del 2016, cuando el Ministerio Público de Ciudad del Este recibió una denuncia penal en contra de las citadas personas por un perjuicio de G. 100 millones al patrimonio de la Cooperativa Mimbi de Minga Guazú.
Se trata de un caso en donde el Consejo Administrativo decidió construir dos piscinas privadas, dentro del predio de del Complejo de la Cooperativa Mimbi, denominado “Socios Fundadores”, por un monto de G. 1.020.800.000, en el 2015. La empresa contratada fue JJ Construcciones. A la firma le fue entregada G. 408.320.000 a fin de que inicien las obras. Posteriormente, por razones desconocidas, el Consejo Administrativo y la empresa decidieron rescindir el contrato.
Según los datos, la empresa entregó a la cooperativa materiales ya adquiridos como filtros, hierros, motobombas, y otros por un valor de G. 200 millones. Asimismo, la cooperativa retiró un cheque de la empresa Dino Materiales por un monto de G. 200 millones para completar el dinero que la firma percibió antes de que iniciaran las obras.
Finalmente, tras una auditoría, los auditores se percataron que la tasación de los materiales de construcción entregados a la cooperativa solo ascendía a G. 106.699.158, registrándose un perjuicio de G. 101.430.342 millones contra la cooperativa, desconociéndose dónde fue a parar dicho monto de dinero.
La fiscal requirió un tiempo de seis meses para la investigación correspondiente, además solicitó al Juzgado que disponga la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, la prohibición de cambiar de domicilio, la obligación de presentarse ante la justicia periódicamente, entre otros.



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