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Mayor pena a perjuicio al Estado es la propuesta para proteger bienes

La necesidad de proteger el patrimonio del Estado de los propios funcionarios y sus malos manejos llevó a la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo y a un grupo de legisladores a presentar una propuesta de aumentar las penas para los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.
El proyecto de ley modifica los artículos 187, sobre estafa, y 192, lesión de confianza, del Código Penal. “Uno a 15 años, pudiendo llegar a 22 años la pena privativa de libertad por causar perjuicio al Estado. Espero el acompañamiento de la ciudadanía y de los colegas para aprobar este proyecto. Hoy se juegan a 10 años para lograr la prescripción de la causa. Con esto, eso se acaba”, manifestó la proyectista.

Cuando se trate de hechos graves, la propuesta establece parámetros para que el juez conozca en qué casos puede aplicar el agravante, como lo es el perjuicio al Estado, la ruina financiera de la víctima, la actuación comercial y la formación de agrupaciones que se dediquen a la producción de documentos no auténticos para sostener la declaración falsa destinada a causar el perjuicio en el patrimonio ajeno.

La figura de lesión de confianza suele ser con frecuencia carátula de causas vinculadas a políticos, muchos de los cuales logran con su poder la desestimación, como el diputado Miguel Cuevas y el ex senador Víctor Bogado.

Ante la crisis sanitaria, económica y educativa que se vive actualmente, los firmantes del proyecto vieron la necesidad de proteger los bienes públicos. Recientemente, este grupo de diputados denunció por sobrefacturación al ex director de la Dinac Édgar Melgarejo.

También el senador colorado Javier Zacarías Irún afronta una causa por lesión de confianza.

“Todas estas circunstancias, teniendo en cuenta el grado de injusto y reproche, ameritan la elevación del marco penal teniendo en cuenta la envergadura del bien jurídico protegido y los tiempos de extrema necesidad que se avecinan para muchos sectores de la población y el desempeño lamentable de algunos funcionarios públicos en el manejo del patrimonio del Estado”, señala el proyecto.

La ley actualmente prevé una condena máxima de 10 años para lesión de confianza y ocho para estafa.

Además de Vallejo, firmaron el proyecto Sebastián Villarejo (PPQ), Sebastián García (PPQ), Kattya González (PEN), Norma Camacho (PEN), Celeste Amarilla (PLRA), Carlos Rejala (PPH), Tito Ibarrola (PPH), Celso Kennedy (PLRA) y Jorge Ávalos Mariño (PLRA).



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