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Junta autoriza pago de G. 2.000 millones a exagentes de Tránsito.

Los concejales municipales aprobaron la ordenanza 1/2019, por la cual se transfiere rubros del programa presupuestaria de este año para servicios personales por un total de G. 12.100 millones en la Municipalidad esteña.
La propuesta de la reprogramación presupuestaria fue presentada por el intendente Miguel Prieto para pagar indemnización a los exagentes de la PMT y para organizar el área administrativa de Recursos Humanos.
Con la aprobación de la ordenanza el intendente Prieto dispone de hasta G. 2.000 millones para abonar las liquidaciones a los efectivos desvinculados de la Comuna.
El 19 de setiembre pasado, el jefe comunal desvinculó a todos los agentes de la PMT por prácticas de corrupción en los controles en el Tránsito. Un día después presentó a los 74 nuevos encargados del tránsito, en su mayoría jóvenes con promedio de 24 años.
Los agentes desvinculados tomaron por cinco días el predio de la Policía Municipal de Tránsito para exigir el pago de sus liquidaciones, hasta que el lunes pasado desalojaron la sede comunal y se instalaron frente al predio.
En la fecha los exefectivos tienen marcada una audiencia tripartida en la oficina regional del Ministerio del Trabajo.Con la ordenanza 1/2019 también se amplió el presupuesto para pago de jornales, que inicialmente fue G. 40.000 millones y ahora se incrementó a G. 50.000 millones. Además, para honorarios profesionales que al principio era de G. 600 millones y con la modificación subió a G. 1.100 millonesLa ordenanza igualmente estableció la reducción de G. 400 millones en el rubro de gratificaciones por servicios especiales, quedando a G. 296 millones.
Para ajustar las cuentas se dispuso la reducción de G. 200 millones en el rubro de pasajes y viáticos y quedó G. 250 millones. En los gastos de servicios, aseo y mantenimiento se disminuyó G. 1.700 millones persistiendo G. 15.355.603.110.
Igualmente se recortó G. 900 millones el presupuesto en los rubros de servicios; 300 millones del rubro otros servicios en general; G. 1.300 millones en el rubro bienes de consumo e insumos; G. 630 millones en transferencias a sectores privados; y G. 7.070 millones en gastos judiciales.



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