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Indert, más preocupado por “negocio” de los pozos que en desactivar coimas

En el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se reunieron ayer los miembros de la Junta Asesora y de Control, cuyas decisiones son vinculantes para la institución. Los integrantes son Ángel Giménez, representante de las organizaciones campesinas; Arístides Aguilar, de la Opaci; Diego Torales, de la Rural; Herminio Medina, de la Unión del Gremios de la Producción; José Domingo Adorno, del Consejo de Gobernadores; Erico Ibáñez, del Ministerio de Hacienda; y el presidente, Horacio Torres. Como representante de la Contraloría General de la República estuvo el síndico Francisco Gómez Marzal.

El diálogo se inició con la mención de los detalles del proyecto de especificaciones técnicas para la construcción de “Sistemas de Abastecimientos de Agua Potable y red de Distribución”. Conversaron acerca de los precios y algunas modificaciones para “evitar cometer errores del pasado” al construir pozos, en alusión al anterior titular del ente, Justo Cárdenas, quien está procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al no poder justificar G. 2.600 millones de su patrimonio.

Aunque la reunión fue programada hace 15 días, esta semana se divulgaron los presuntos negociados que involucran a altos funcionarios del Indert, como el exgerente de Créditos y exdiputado Carlos Soler, y el exdirector de Región Occidental de la institución, Enrique Gómez de la Fuente. Grabaciones hechas con autorización judicial confirmaron un esquema de coimas para agilizar expedientes de concesión de tierras.

La Fiscalía allanó dicha entidad y se incautó de documentos referentes a la denuncia hecha por Albino Méndez, quien debía abonar US$ 25.000 para lograr la adjudicación de inmuebles para su hija en Boquerón.

Sobre esto poco y nada se habló en la Junta. Solo cuando el síndico solicitó informes al respecto se trató superficial y brevemente el tema, corroboró ABC Color.

Por otro lado, Torres reconoció que la intervención de la oficina del Chaco ordenada el lunes último estará liderada por la asesora jurídica, Natalia Caballero, mientras que un equipo de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), presidida por René Fernández, solo acompañará el análisis.

Precisamente, sindicalistas cuestionaron la parcialidad de la investigación considerando que la interventora es funcionaria de confianza del titular del Indert. Por su parte, Natalia Caballero indicó que existen al menos 10.000 expedientes en la oficina Regional Chaco y que se priorizará la verificación de los documentos que registraron movimiento en 2018 y 2019.

Mantiene esquema de contratación

El proyecto aprobado en el Indert para construir pozos para agua mantiene el esquema implementado en la época de cuando Justo Cárdenas presidía la entidad, y que consistía en transferir fondos a las organizaciones no gubernamentales (ONG) para evitar someterse a la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. Los antecedentes dicen que las ONG subcontrataron a empresas de políticos colorados, que, según se había verificado, cobraron millonarias sumas por obras con anomalías, que no eran terminadas ni entregadas en tiempo y forma, inclusive algunas construcciones ponían en riesgo la salud de los lugareños.



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